Problemática Docente

El profesor es un pilar y sostén fundamental de la educación, teniendo que ser considerado, en consecuencia, como un actor central en el proceso educativo del aula. Por ende, se hace necesario mejorar las condiciones laborales e incentivar su perfeccionamiento, aumentando la exigencia en el proceso de admisión, en los planes de estudio de las carreras pedagógicas, así como también en la evaluación de la calidad de la docencia.

Nuestras demandas apuntan, esencialmente, en una línea análoga a las necesidades del gremio que han sido los canales históricos de los anhelos del profesorado y que durante años han sido ignorados. Las peticiones de los estudiantes, por lo tanto, tienen un valor intrínseco agregado, puesto que aúna gran parte del deseo de los dos elementos educativos más importantes. Esta es una oportunidad en la que el respaldo mutuo nos permitirá avanzar en la enseñanza que queremos.

La labor docente se ve empañada no sólo por la crisis administrativa e institucional que afecta a los establecimientos que reciben subvención, sino que deben lidiar con la carga diaria de los conflictos culturales, sicológicos y socio-económicos, que convergen en la sala de clases. Dichas problemáticas ruegan por una respuesta, y un paso importantísimo reside en el reconocimiento de una carrera profesional docente, que responda al deseo de consolidar el trabajo pedagógico.

La docencia vive inmersa en la precariedad e insuficiencia de las herramientas, medios y aptitudes que han de ser subsanadas, definiendo las expectativas, enfoque, desempeño, gestión, funciones, y, evidentemente, parámetros de exigencia y calidad permanentes.

Procesos de Admisión en Carreras e Incentivación al perfeccionamiento

En la actualidad, la carrera pedagógica se concibe como una profesión estática, siendo que el desempeño del educador conlleva un constante y dinámico desarrollo, partiendo por el proceso formativo del profesor.

Resulta incomprensible que a las carreras de pedagogía se les de menos importancia con relación a otras áreas, cuando el rol del profesor requiere de una amplia preparación y experiencia: muchos docentes no tienen los conocimientos suficientes del contenido de las materias que enseñan, o bien, sobre la forma de entregar los contenidos.

Las entidades universitarias y técnicas establecen exigencias precarias en los procesos de admisión, con mínimos puntajes de ingreso y débiles programas de estudio: por tanto, se hace imprescindible que el Estado establezca nuevas regulaciones en el acceso a estas carreras, tomando un rol activo en el proceso formativo de los pedagogos. Sólo de esta manera se podrá avanzar hacia una nueva generación de profesores con vocación en la educación.

Por otra parte, al desconocerse la calidad de los estudios superiores para los profesores (sólo el 19% de las 342 carreras han sido sometidas al proceso de acreditación), esta regulación también debe extenderse a las mallas curriculares para asegurar una exigencia adecuada a las necesidades de la profesión, sin descuidar ningún aspecto del traspaso de los conocimientos técnicos específicos, ni del cómo enseñarlos al momento de ejercer tan importante labor. Así, una acreditación formal de todas las carreras de pedagogía, no debe ser sólo secundaria sino supeditada a las indicaciones legales que debieran instituirse. Nadie debiera convertirse en profesor estudiando un día a la semana durante dos años.

Así mismo, un mayor número de docentes especializados (Inglés, Matemáticas o Física Avanzadas, entre otras) es sólo uno de los tantos requerimientos de una verdadera educación de calidad. Sin embargo, el perfeccionamiento de los profesores tampoco ha de ser postergado, correspondiéndole al Estado incentivarlo, a través de, por ejemplo, la ampliación del número de becas para doctorados, posgrados u otros similares, sin desatender, también, la inflexibilidad laboral que limita las posibilidades de estos procesos de estudio para los profesores, junto a otros como los de evaluación individual e investigación.

Hacia una Carrera Docente de Calidad Profesional

Apoyándonos e inspirados en el intento, lamentablemente infructuoso, del profesorado por avanzar en la construcción de una verdadera docencia, así como en los múltiples estudios que cuestionan el sistema y concepto pedagógico actual, exigimos un compromiso mancomunado de todos los actores que comprenda reales y profundos cambios en el ejercicio de la enseñanza, dando fin a la ineficaz carrera funcionaria, para dar paso a una carrera profesional. Ésta última debe responder a los crecientes requerimientos del sistema educativo en todos sus niveles, satisfacer la calidad del conocimiento, generar las capacidades y destrezas para enfrentar la cotidianidad.

Entendemos una carrera profesional como el sistema regular y normado de ingreso, ejercicio profesional, desarrollo y retiro de las personas que ejercen la profesión docente.

La actual carrera funcionaria, cuyo ascenso opera por años de servicios, implica dejar la sala de clases por cargos administrativos, prescindiendo de un avance o perfeccionamiento. Se contrapone, entonces, a lo que se define como carrera escalar, que aprecia el desempeño docente en el aula, sin que su avance implique, necesariamente, proyectarse a grados técnicos o directivos.

Esta orientación netamente “administrativa”, desprecia el mérito y es insuficiente para el desarrollo de la profesión docente y el mejoramiento de la educación, poniendo énfasis sólo en antigüedad, asistencia a cursos, y funciones directivas.

Es decir, lo que se requiere es una carrera que dé estímulos - y aumentos salariales - para los docentes que progresen en su carrera profesional sin tener que abandonar el aula, de modo que puedan acceder todos aquellos que satisfagan los requisitos exigidos para pasar de un nivel a otro. Estos requisitos deben ser planteados como objetivos de alta calidad, de acuerdo a las circunstancias y las prioridades educacionales de cada área (ciencias, humanidades, artes, etc.).

Para ello, debe existir un Marco Regulatorio Nacional que considere dichos objetivos y que norme y regule el ingreso y permanencia en el sistema educativo, que establezca una carrera, con incentivos y reconocimientos, que permita que cada profesor sea un aporte significativo a la calidad de la educación y que reconozca diferentes niveles profesionales, diferentes roles, y diferentes compensaciones (incluyendo las salariales).

Asimismo, proponemos un plan de capacitación permanente (con programas específicos) que aumente las competencias y conocimientos de profesores que se perciben con debilidades en cuanto a sus disciplinas, como a sus habilidades y manejo pedagógico.

En la práctica, debe asegurarse que los mejores profesores se desempeñen en las escuelas donde se presentan los mayores grados de conflictividad, acabando de esta manera, con la brutal incoherencia entre las políticas educacionales y lo que pasa en realidad en la sala de clases. Por otro parte, los sistemas de contratación deben privilegiar siempre las necesidades de las escuelas y capacidades de los postulantes. Todo lo anterior debe ser incluido en las variables de exigencia normadas por Ley.

Nueva Evaluación Docente

Hoy en día, los pedagogos realizan actividades profesionales relevantes no reconocidas, o, en su defecto, un mal trabajo no es sancionado. Lo anterior pretendió ser atendido con iniciativas de evaluación superficiales y que sólo atentan o intervienen en la carga laboral y los procesos de instrucción.

La Evaluación Docente ha resultado mínimamente fructífera, con poca recepción y, en algunos casos, perentoria, lo que hace dudar profundamente de sus métodos y finalidad. No existe todavía un sistema sólido, cuyos resultados entreguen una verdadera medición, amparada en la excelencia y el mejoramiento de la actividad profesional. La metodología que se aplica hoy carece de apoyo (clases artificialmente grabadas, extensos portafolios y nulos incentivos), por lo cual se hace imperiosa su completa reestructuración, que confiera certeza y seguridad a profesores y a todos los implicados en el proceso, dotada de obligatoriedad y comprendiendo metas y sanciones definidas. Lo anterior debe ir acompañado de mecanismos eficientes para dar término a la relación laboral en casos de incumplimiento profesional, pues afecta en cadena al proceso educativo, mientras que aquellos profesionales con mediocres resultados, más allá de promover su expulsión del sistema, debieran ser considerados en el plan de perfeccionamiento.

Condiciones Laborales

Hoy hay 140.000 profesores en el sistema, 79.000 (54%) docentes trabajan en el sector municipal, 48.800 en el sistema particular subvencionado, 2400 en establecimientos de corporaciones y 17.500 en sistema particular pagado[2], vale decir, más de la mitad de los pedagogos se concentran en los colegios donde la crisis educacional se ha sentido con más fuerza.

Si hiciéramos un análisis de todas las problemáticas que afectan a la labor diaria del docente en clases, éste se haría interminable. No obstante, existen necesidades urgentes e inaceptables que de no ser atendidas, el descontento laboral se tornará aún mayor.

El campo laboral docente presenta la más baja rotación laboral del país (en relación con otros sectores de la economía), pero a la vez alta insatisfacción. Existe, por lo demás, un porcentaje importante de profesionales que sufren enfermedades profesionales (depresión, stress, problemas de cuerdas vocales, várices, tendinitis) que están cercanas a la edad de jubilar y que no están en condiciones para mejorar calidad de su quehacer docente.

La calidad del proceso de aprendizaje depende de los variados factores que actúan como condicionantes: estabilidad laboral, vocación de los profesores y los salarios son determinantes en la satisfacción de los profesores. Sumado a esto, los mecanismos para adecuar los requerimientos de los profesores con los recursos de las escuelas y los municipios, resultan ineficientes.

Como estudiantes, exigimos que los problemas primordiales de los profesores obtengan una respuesta consciente y comprometida por parte de las autoridades.

Demandamos una solución a la falta de tiempo disponible para el trabajo fuera del aula y mejor uso del tiempo en la sala, vale decir, la planificación de la clase, la que jamás resultará homogénea, pues varía desde la realidad del establecimiento a la condición de los estudiantes. Sumado a esto, no todos los profesores tienen el liderazgo necesario para trabajar en cursos numerosos, que superan, en muchos casos, los 40 alumnos. Estos dos últimos aspectos también han de ser considerados al momento de establecer un programa de aprendizaje de posgrado.

Son, sin duda, las desigualdades salariales las que más atormentan a los profesionales de la enseñanza, transformando a esta carrera como una de las más demandadas, pero con menores ingresos para quienes la practican. En respuesta a esto, emplazamos al gobierno a enfocar las decisiones económicas en Educación en un aumento sustancial en las remuneraciones del profesorado, puesto que al darles mayores incentivos a la enseñanza en el sector publico, se eleva la cantidad de egresados y a la vez mejorará la calidad de los docentes.


Fuente: Cain